En tan solo seis meses del presente año la Fiscalía ya ha pagado 104.000 millones de pesos por demandas perdidas especialmente por capturas que al final no estaban fundadas y terminaron cayéndose.
Casos como el del exdiputado Sigifredo López que estuvo 89 días detenido y probablemente quedará libre de la investigación en su contra por su presunta participación en el secuestro de los diputados del Valle, terminan por convertirse en millonarias demandas que asume el Estado.
Según la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, la Fiscalía, después del Ministerio de Defensa, es la entidad más demandada del país y la tercera que mayores recursos debe destinar para pagar los pleitos perdidos ante la justicia.
Cifras de la oficina jurídica de la Fiscalía señalan que a marzo del presente año ya se habían recibido 574 sentencias de condena por 104.000 millones de pesos. Esa cifra es ínfima ante las pretensiones de los colombianos que han demandado al ente acusador. Hay activas 12.053 procesos en los que los demandantes aspiran conseguir 26 billones de pesos, lo que equivale al 16 por ciento del presupuesto general de la nación para este año.
Fernando Carrillo, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado afirmó: “Ha hecho crisis la política de que un auto de detención no se le niega a nadie” y que “es urgente un debate en el país sobre la política criminal en materia de privación de la libertad para que el Estado no termine pagando”. (Lea también: ‘La mitad de presos en el país está en detención preventiva’: CIDH).
Es tal el número de demandas que debe pagar la Fiscalía que el año pasado se incremento en un 77 por ciento el presupuesto para enfrentar esas condenas, con lo que los pagos se empezaron a demorar un año y no dos años y medio como venía sucediendo.
Lo más grave es que las sentencias aumentan cada año, mientras que en el 2010 se registraron 1.253 casos de condena en primera instancia que equivalen a 147 mil millones de pesos, el año pasado la cifra llegó a 1.587 casos por 208 mil millones de pesos.
El exfiscal Guillermo Mendoza Diago sostuvo que una jurisprudencia del Consejo de Estado ha incrementado las demandas, pues desde hace cerca de 10 años hay la tesis de que quien resulte absuelto de un juicio incluso por duda razonable puede demandar al Estado.
Agregó que son pocos los casos en los que la demanda se da por una detención arbitraria e intencional, y solo cuando se observa culpa grave o dolo de los funcionarios es posible usar la acción de repetición para que respondan con sus propios recursos.
La Fiscalía ha fortalecido su equipo de abogados para enfrentar la avalancha de demandas y una de las estrategias que se aplicó los dos últimos años fue intentar conciliar con los demandantes. Sin embargo de 5.568 casos que se presentaron al comité de conciliación solo se logró a acuerdos en 494 casos. Se lograron ahorros aproximados de 177 millones de pesos por caso.
Uno de los casos que podría entrar a ese grupo de conciliación es el del almirante Gabriel Arango Bacci, quien fue procesado y estuvo preso en un caso por narcotráfico. El almirante demandó a la Fiscalía por siete mil millones de pesos y el ente acusador le ofreció casi 700 millones.
El abogado Jaime Granados, que representa al almirante, dijo que ha tenido nuevos acercamientos con la Fiscalía para buscar un acuerdo.
“En algunos casos es mejor que la Fiscalía intente conciliar, con eso se evita un proceso largo y puede llegar a bajar los costos por las fallas del servicio”, dijo Granados.
La Agencia para la defensa del Estado y la Fiscalía vienen trabajando en estrategias para enfrentar esos procesos y ya este año los abogados del ente acusador han logrado sacar adelante 1.926 casos evitando el pago de un billón de pesos.
REDACCIÓN JUSTICIA
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