
La presunta irregularidad se habría dado por sobrecostos en obras para adaptar justicia administrativa a la oralidad.
Auque el proyecto de la oralidad, que descongestionaría miles de expedientes represados en los tribunales administrativos del país, debía comenzar el próximo 3 de julio, a la fecha la inmensa mayoría de las dependencias ni siquiera cuentan con las salas de audiencia, indispensables para la aplicación del nuevo modelo.
Ante el hecho, la Contraloría General de la República anunció un proceso por presunto detrimento patrimonial de 10.000 millones de pesos por parte del Consejo Superior de la Judicatura por las inversiones realizadas “en sistematización y que aún no se encuentran en servicio”.
La indagación tiene que ver con la adecuación de salas de audiencias y despachos para que los tribunales administrativos (que son los que reciben las demandas en contra del Estado) entraran en la etapa de oralidad, tal como se hace con los procesos penales.
Según el informe del contralor delegado para lo Judicial, Javier Lastra, aunque se comprometieron 48.000 millones de pesos en infraestructura y 68.000 millones para la vigencia de 2012 para gastos de personal, los 173 juzgados y 88 despachos que atienden oralidad administrativa en el país, no estaban preparados para asumir este reto.
La situación es crítica si se tiene en cuenta que en los tribunales administrativos están represados 186.000 procesos.
No hay detrimento
Para el magistrado Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa del CSJ, se debe partir del principio que la aplicación de la oralidad va por partes y en este momento hay un sistema mixto: la demanda y la admisión van por el sistema escrito; y solo cuando se cita a audiencia, comienza la etapa oral.
De ahí que la situación descrita por la Contraloría no da para que se hable de un detrimento patrimonial ni de hallazgos fiscales, según Correa.
Explicó que el recorrido en el que se sustenta la determinación “se hizo a comienzos de julio. Hay unas obras que están adjudicadas, hacer unas salas no se demora más de un mes y cuando estén listas se pueden instalar los equipos de grabación en uno o dos días”.
Las inversiones, aseguró Correa, están vigentes: en una primera etapa se asignaron 6.226 millones para la adecuación, construcción y dotación de mobiliario de 140 salas de audiencia, de las cuales 33 están listas, 54 en proceso y las demás “en etapa de replanteo”. Para el suministro y la instalación de equipos de estas salas se destinaron 3.106 millones de pesos.
Por eso, precisó el Presidente de la Sala, se han invertido 9.332 millones de pesos. “En consecuencia, no es preciso afirmar que en materia de infraestructura física y tecnológica se han comprometido en la Jurisdicción Contencioso Administrativa $48.000 millones de pesos”.
No obstante la situación, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, manifestó ayer en Pereira, su confianza en que se den pasos “favorables hacia una pronta y efectiva descongestión judicial así como una modernización de las prácticas procesales”.
Ante la denuncia, delegados de la Contraloría y el Consejo discutirían los tropiezos que enfrentan los tribunales administrativos para emprender la oralidad.
CLAVES
LEY 1437 ENTRÓ EN RIGOR EL 3 DE JULIO
1 – La ley 1437 de 2011 dio origen al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
2 – Establece la oralidad para acciones de nulidad, restablecimiento del derecho y reparación directa.
3 – Para hacer efectiva la aplicación de la oralidad es necesario contar con equipos de video, audio entre otros.
4 – El CSJ ha capacitado en oralidad a 2.800 funcionarios y empleados de la rama judicial.
COLOMBIAN HEADLINES
COMPTROLLER QUESTIONS COURTS
Colombia’s General Comptroller announced it will investigate the “systematization” of administrative courts, namely the adaptation of courtrooms and offices for oral proceedings, which are still not in service. Magistrate Nestor Correa, however, said investments are where they should be and that achieving orality is a process.
EN DEFINITIVALa adecuación para que los juzgados administrativos entren a la oralidad está en camino y la Contraloría hace seguimiento. El CSJ dice que de 140 salas, 33 están listas y 54 en proceso.


















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