Pugna entre ONG de Urabá por restitución de tierras

El pasado 25 de abril, a las oficinas del Incoder en Bogotá llegó una dura carta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La California, en Turbo (Antioquia), en la que rechazan cualquier representación de los líderes de restitución de tierras Carmen Palencia -una de las líderes de víctimas más reconocidas del país-, y Gerardo Vega.

Ambos, excomisionados de la Comisión de Reparación, son las cabezas más sobresalientes de la restitución de tierras en Urabá, a través de las ONG Tierra y Vida y Forjando Futuros, respectivamente.

El documento, que ya está en manos de la Fiscalía, además de alertar por supuestos malos tratos a las víctimas pide que esta comunidad, conformada por 25 familias, sea excluida de cualquier reclamación de tierras ya que –aseguran– no  fueron afectados ningún desplazamiento.

“Rechazamos el trabajo que vienen adelantando las ONG quienes sin nuestro consentimiento y faltando a la verdad nos inscribieron como desplazados y nos utilizan como instrumentos mediáticos y judiciales (…) Esperamos que nuestra posición no genere retaliaciones  por quienes volvieron nuestro problema un espectáculo”, dice la misiva.

‘Sí son víctimas’: Palencia

Consultada por EL TIEMPO, Palencia asegura que estas personas “sí son víctimas” y que incluso denunciaron a su supuesto victimario (un empresario de Urabá) ante la Fiscalía. “Lo que está pasando con esta comunidad es que les están pagando para que no busquen la restitución y digan que allá no hubo a desplazamiento”, indicó Palencia.

Carmen Palencia llegó a La California en el 1992, luego del asesinato de su esposo en Córdoba, y tres años después fue víctima de un atentado que la dejó en coma varios meses.

Esta mujer llegó a representar más de 1.000 víctimas, con la Asociación Nacional de Víctimas de Restitución y el Acceso a la Tierra, y ahora lo hace mediante la ONG Tierra y Vida, que ha contado incluso con el reconocimiento del presidente Juan Manuel Santos.

María Oliva Garcés, vicepresidenta de la JAC de La California, es una de las que contradice a Palencia. Dice que en la vereda “nunca ha habido desplazamiento (…) Jamás nos han restituido tierras, el Incoder nos adjudicó en agosto del 2006 porque llevábamos muchos años viviendo acá”.

Este caso es una muestra de los profundos conflictos de la restitución que hay en Urabá, en donde el mismo Gobierno está preparando una denuncia por la aparición de una nueva ONG que, bajo la fachada de buscar la restitución de víctimas, está defendiendo los intereses de terratenientes.

De hecho, Palencia ha tenido que explicar por qué su ONG cobraba el 10 por ciento de lo que recibieran las víctimas por restitución de tierras.

Habla el Gobierno

El director de Justicia Transicional, Miguel Samper,  aseguró que desconocen las denuncias contra Palencia y contra Vega, pero insistió en que el trabajo de las ONG en la materia no debe estar enfocada a los reclamos de restitución de tierras -trámite gratuito y ordenado por la Ley-, sino para que las víctimas “tengan una voz fuerte y unificada” ante el Gobierno.

“El trabajo asociativo de estos líderes en el Urabá ha sido muy importante. Pero no aprobamos grupos de tramitadores para procesos que son totalmente gratuitos”, aseguró.

En medio de roces con las víctimas, hace apenas unos meses, Palencia tuvo que salir a emisoras locales de Urabá a explicar por qué su ONG cobraba el 10 por ciento de lo que recibieran las víctimas por restitución. Allí dijo que correspondía a gastos de funcionamiento, pero la polémica está lejos de apagarse porque, reitera el Gobierno, se trata de un derecho cuyo trámite es totalmente gratuito.

El último capítulo de esa disputa se vivió 19 de junio, el Tribunal Superior de Medellín falló una tutela a favor de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, que buscaba que la entidad entregara  información el proceso de restitución de las víctimas.

El tutelante era Gerardo Vega, que quería tener acceso a los formatos que se están manejando con los listados de personas que han reclamado tierras en Colombia.

“No es un formulario imprimible, sino una aplicación electrónica que se maneja en línea con las Direcciones Territoriales de la Unidad, que es uso interno y solo le sirve a la entidad para el cumplimiento de sus fines”, indicó el Minagricultura en la respuesta enviada a Vega.

Sin embargo, el líder tuteló y los magistrados le negaron la petición. “La impresión del formulario solo es posible, segun lo explica claramente la entidad, una vez se ha diligenciado la información personal de la víctima reclamante, de manera que mal haría la entidad en acceder a la entrega de las copias”.

Corte definirá topes para abogados

En las próximas semanas, la Corte Constitucional deberá decidir si deja en firme la norma, consignada en la Ley de Víctimas, que pone topes a los cobros de los abogados para demandas ante lo Contencioso Administrativo (25 salarios mínimos) y para tutelas (2 salarios mínimos).  

“Este es un desincentivo que se creó para frenar a los abogados que abusaban de las víctimas. Si se cae. el Estado perdería valioso instrumento y las víctimas quedarían en estado de vulnerabilidad”.

Según cifras de la Unidad de Víctimas, este años se han elevado 13 denuncias ante la Fiscalía para investiguen los cobros excesivos de abogados frente a procesos de víctimas.

REDACCIÓN JUSTICIA