El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren “todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro” y se examine, entre otros asuntos, “si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo”.


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